Comunicado del
IESSDEH/USSDH
El martes 27 de
marzo, el joven chileno Daniel Zamudio murió luego de tres semanas de agonía, y
debido a un acto de violencia absurda y extremadamente cruel (fue torturado
sádicamente durante cinco horas), simplemente porque era gay,. Usualmente
asumimos que nuestras “modernas y civilizadas” capitales latinoamericanas están
libres de la barbarie extrema, pero esto nos muestra que no es así. Y su
ocurrencia tuvo especial visibilidad internacional por tratarse de un joven de
clase media en un país que es paradigma del desarrollo regional, y por la
asociación de sus victimarios a un ideario neonazi.
Pero crímenes
homofóbicos ocurren todos los días en toda América Latina (incluyendo, por
supuesto, el Perú), y por ocurrir en personas más pobres y menos visibles pasan
desapercibidos. A pesar del crecimiento económico y la mejora del nivel de vida
en la región, se observa una creciente exclusión de grupos humanos, que no se
expresa únicamente en los grupos de personas que viven bajo la línea de
pobreza, sino también en una persistente discriminación de ciertos grupos en lo
cultural, social y político.
Entre los grupos
más excluidos se cuentan las poblaciones sexualmente diversas, incluyendo las
comunidades de lesbianas, gays, transgénero y bisexuales (LGTB). En nuestro
país de acuerdo a diferentes Reportes Anuales de Derechos Humanos LGTB, y a la
misma Defensoría del Pueblo, recogidos en el Informe Alternativo de
Organizaciones de la Sociedad Civil al Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales sobre la Situación de la Salud Sexual y Reproductiva en el Perú
(2011) se describe situaciones de violación a los derechos humanos, incluyendo
discriminación (en el ámbito de salud, educación, empleo y justicia) y acceso
limitado al tratamiento antirretroviral para el VIH, abuso policial,
homicidios, extorsión, torturas, y violencia homo/lesbo/transfóbica – física,
verbal y psicológica.
A pesar de que
la opinión pública y algunos instrumentos y posturas internacionales se van
tornando cada vez más favorables (v.g. la publicación de los Principios de
Yogyakarta 2006, las manifestaciones de la Comisión de Derechos Humanos y el
Secretario General de las Naciones Unidas, así como de la OEA, en los últimos
años; la reciente creación de la Unidad para los Derechos de las Lesbianas,
Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (2011) de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)); persisten actitudes muchas veces
soterradas que marginalizan e impiden el ejercicio de los derechos de estas
colectividades.
Es momento para
un cambio claro de la situación de desprotección de las personas, para un
sistema que realmente proteja a sus ciudadanas/os. Todas las personas, y en
particular las organizaciones de las comunidades LGTB, las organizaciones que
protegen los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, y quienes
buscan una mayor justicia social, debemos reforzar nuestro compromiso para
asegurar el camino hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa de la
diversidad y los derechos humanos así como el ejercicio de la ciudadanía por
parte de todas y todos.
En el caso del
Perú, es fundamental que de una vez por todas el Estado asuma una posición
sensible hacia la defensa de los derechos de las poblaciones LGTB, mejorando
los marcos legales, asegurando su cumplimiento, y asegurando en general
políticas públicas que hagan inaceptables estas formas de intolerancia y
violencia:
·
El sistema educativo debe proveer y asegurar una educación sexual integral, que
muestra la diversidad de forma positiva.
·
El sistema de salud debe asegurar una oferta integral de servicios para estas
poblaciones, que no se limite al VIH.
·
Se debe terminar con la violencia del serenazgo y la policía.
·
Se debe evitar la discriminación en el acceso a la justicia y al trabajo.
·
Los medios de comunicación deben asumir su responsabilidad de mostrar esta
diversidad con respeto y sin asociarla al humor malsano o a la idea de que se
trata de conductas reprobables.
Para que ello ocurra:
·
Hacen falta congresistas que asuman estos temas de forma directa.
·
La formación de los operadores de justicia debe mejorar en contenidos de
sexualidad humana.
·
Los gobiernos regionales y locales deben generar e implementar políticas y
ordenanzas que permitan este avance.
·
Los miembros de las comunidades LGBTI tienen que poder reconocerse como sujetos
de derechos, para exigir éstos sean respetados.
·
Finalmente, el Estado debe asumir su responsabilidad específica en el avance de
las políticas públicas sobre este tema a través de una instancia en el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Hace seis años
una iniciativa de colectivos peruanos organizó una Romería en el Día contra los
Crímenes de Odio en el Perú, conmemorando la muerte de muchos hombres gay y
trans a manos del MRTA, como reveló el Informe de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación. Años después, nuestros amigos chilenos (que nos honraron usando
una imagen de esa romería, en la que se lee “La homofobia mata”) nos recuerdan
que estos crímenes de odio no son solo cosa de la violencia política que vivió
el Perú en las décadas pasadas, en el interior del país, sino que pueden
ocurrir en nuestras ciudades más ‘modernas’. Nos solidarizamos con ellos y más
que nunca hacemos un llamado para que en toda nuestra región estos crímenes
sean desterrados.
Hace 6 años el
proyecto CiudadaniasX creó una intervención llamada La Homofobia Mata cuya
imagen ha sido tomada por colectivos chilenos de lucha por los derechos humanos
para que se tome conciencia que sí, La Homofobia Mata!, seguiremos en la lucha
por eliminar esta conducta en todos sus matices.
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